Una veintena de organizaciones mexicanas e internacionales presentan un informe sobre la violación sistemática de los Derechos Humanos por parte de la minera canadiense Fortuna Silver
 |
| Balsa minera de las instalaciones de la minera canadiense Fortuna Silver en San José del Progreso |
En el marco del segundo aniversario de los asesinatos de los activistas Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, se presentó el informe "Justicia para San José del Progreso", texto elaborado a partir de una misión civil de observación de los Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizada a la fecha.
El informe documenta más de una decena de violaciones a los derechos humanos en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un megaproyecto minero en la zona. Estas van desde el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado, de la propiedad colectiva e integridad del territorio, a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión y a la administración de justicia, entre otros.
Dicha misión civil concluyó con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal, como ponderar los derechos de la ciudadanía sobre los intereses de las empresas mineras, y "garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la población de San José del Progreso".
Asimismo, recomendó a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de la localidad.
El mencionado informe concluye con una denuncia en firme dirigida al gobierno canadiense, en las que se recomienda "implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole" para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia del país por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas fuera de su territorio.
Asimismo, los activistas en el referido informe, concluyen con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá, en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio.
En la iniciativa han participado las siguientes organizaciones:
Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Bachillerato Intercultural Ojo de Agua; FUNDAR,Centro de Análisis e InvestigaciónA.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA); Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca A.C.; Council Of Canadians; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Colectivo Casa Chapulín, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas (C.A.C.I.T.A.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH) A.C.; Hij@s de la Tierra; WitnessForPeace; Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor).
AM/Red
18.4.2014
