La ONU condena el intento de cierre de la ONG ecuatoriana Acción Ecológica

Naciones Unidas critica la intolerancia del Gobierno de Rafael Correo hacia las acciones de las ONG

Un grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas han criticado las medidas represivas del Ejecutivo de Rafael Correa "para asfixiar a la sociedad civil", tras la emisión de una orden de cierre de la entidad ecologista.

El pasado 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió una investigación en profundidad de los atentados que están sucediendo en el país de manera reiterada contra los derechos de los pueblos indígenas. Dos días más tarde, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución de la entidad, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para alegar en su defensa. Frente a esto, la ONU ha exhortado a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando frente a Acción Ecológica y otros grupos de defensa de los Derechos Humanos, como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores.

Esta medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con la comunidad indígena shuar, que trata de detener las actividades mineras en su territorio.

“Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, se ha indicado desde Naciones Unidas. “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.

Los expertos de la ONU han advertido que “las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, señalaron.

“Es irónico” -añaden- “que el mismo gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas”.

“Esta última medida infringe una vez más los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”, dijeron los expertos. “Muestra un desprecio sistemático por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para poner fin a las medidas represivas contra los grupos de derechos humanos”.

“Disolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación” -han recalcado-.
Finalmente, los expertos de Naciones Unidas han pedido al gobierno que garantice que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales.

AM/Red
8.1.2016