Organizaciones lationamericanas e internacionales piden un mayor control del Gobierno canadiense sobre las actividades mineras desarrolladas por empresas del país en otras zonas del mundo
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| Entidades piden una actuación contundente sobre el sector minero al Primer Ministro Justin Trudeau |
Cerca de 200 entidades relacionadas con el ámbito de los derechos humanos y ambientales instan a través de una carta al Primer Ministro a un cambio radical de la política exterior de Canadá en relación con el sector de la minería mundial y piden la supervisión directa por parte de las autoridades de los proyectos extractivos desarrollados en el exterior.
"Bajo las administraciones anteriores -señala la misiva- la consideración de los derechos humanos de Canadá se deterioró considerablemente, no sólo a los ojos de la comunidad internacional, sino también desde la perspectiva de las personas, los pueblos y las comunidades que viven con los efectos negativos de los proyectos extractivos canadienses".
Los colectivos expresan la esperanza de cambio sobre la base de de apoyo en el pasado de los miembros liberales del Parlamento -incluyendo el Primer Ministro- hacia la adopción de un marco legislativo que permita dar cuenta "de los abusos relacionados con operaciones en el exterior de las empresas mineras canadienses".
La petición se articula en base a seis puntos:
- El respeto de los derechos de las comunidades indígenas a la libre determinación y libre, previo e informado consentimiento antes de cualquier actividad minera que se lleve a cabo en sus territorios, así como el respeto de comunidades no indígenas que dicen no a la minería.
- El fin del apoyo del Gobierno de Canadá, ya sea a través de la ayuda, comercio, asistencia técnica o diplomática que trata de influir en la adopción o modificación de los marcos regulatorios de los países receptores para los proyectos extractivos.
- La incorporación de los derechos humanos internacionales y las normas de transparencia en la regulación de las agencias de crédito y la inversión pública y privada en las actividades extractivas y aplicación de salvaguardias a las empresas que reciben subvenciones del Estado.
- Una garantía de un acceso efectivo a los tribunales canadienses para que las víctimas de violaciones causadas por las empresas canadienses en el extranjero pueden obtener justicia, verdad y reparación.
- La creación de medios objetivos e imparciales para monitorear e investigar las denuncias de abusos en relación con las empresas mineras canadienses en el extranjero de manera efectiva.
- El alto a la consecución de los acuerdos de libre comercio e inversión que favorecen a las empresas mineras canadienses actuar contra el interés de las poblaciones afectadas y el medio ambiente y en particular, el fin a los mecanismos internacionales de arbitraje inversor-Estado, que los inversores extranjeros utilizan para proteger sua activos y evadir la regulación o la rendición de cuentas por los abusos.
28.4.2016
