El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur repudia la decisión del Gobierno mexicano de otogar la autorización ambiental al proyecto minero Los Cardones

Activismo contra la minería tóxica en Baja California Sur (Foto: Frente Ciudadano)

El pasado 31 de julio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la iniciativa, impulsada por el dueño de TV Azteca, Salinas Pliego lo que, según denuncian, podría tener graves efectos ambientales sobre el acuífero del que se nutren los municipios sudcalifornianos de La Paz y Los Cabos, situado en la Reserva de la Biosfera de Sierra La Laguna.

Por ello, el colectivo repudia "la ilegal decisión de SEMARNAT" de autorizar el proyecto minero "en franco desacato" a la constitución mexicana, además de convenios internacionales, legislación ambiental, el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera y su programa de gestión, y en contraposición a diversos órganos de la misma secretaría, del Gobierno y el Congreso del Estado de Baja California Sur, de los Ayuntamientos de La Paz y Los Cabos, de centros de investigación y universidades, colegios y cámaras empresariales, de la ciudadanía en general y de un nutrido grupo de científicos e investigadores "que documentaron y acreditaron ante la SEMARNAT la improcedencia legal y ambiental, además del grave peligro que ese megaproyecto representa para el agua, la salud, la vida y las actividades económicas que sustentan a la población de Baja California Sur".

Desde el Frente Ciudanao, advierten que "a pesar de la ilegal autorización" la minera no puede iniciar la operación debido a que carece de otros permisos necesarios a todos los niveles para comenzar la actividad, que van desde el cambio de uso de suelo forestal y municial al preceptivo premiso de construcción, por lo que seguirán trabajando "por la vía social y jurídica para revertir la ilícita autorización" otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales al proyecto minero e impedir cualquier tipo de inicio de actividad.

Además, a corto plazo, impugnarán la autorización por vía del Recurso de Revisión ante la SEMARNAT, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en su momento estudian demandar "penal y administrativamente" a los funcionarios involucrados en el expediente de autorización, y a quienes "con datos falsos e información adulterada" integraron la manifestación de impacto ambiental de dicho proyecto.

AM/Redacción
3.8.2014