El Principado de Asturias trabaja a favor de la corporación Kinbauri Gold

Balsa de lodos de la mina de Boinás, en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda (Foto: CEA)

La Dirección General de Minería del Principado desestima el recurso de reposición presentado por la Coordinadora Ecoloxista contra la autorización del nuevo permiso de exploración e investigación minera  "Campalcarro" en el concejo de Belmonte de Miranda.

El objetivo es ampliar la explotación de la mina de oro de Boinás, con tratamiendo de cianuración y almacenamiento de lodos contaminados en el crácter de la antigua explotación, situada en la cuenta del río Narcea.

Según indican desde la Coordinadora, la minera tiene en la actualidad más de 33 millones de metros cuadrados en concesiones de investigación con sondeos autorizados en los concejos de Belmonte, Allande, Cangas de Narcea y Tineo.

Para el colectivo asturiano, el proyecto presentado por la empresa tiene numerosas deficiencias, no cumpliendo con los contenidos mínimos establecidos por la legislación. Así:

-En la memoria explicativa no se indica el plan general de investigación que se prevé realizar, indicando procedimiento y medios a emplear, especificando el equipo técnico de que dispone el solicitante y su titulación o, en su caso, de la entidad contratada; también el programa de investigación y el presupuesto de las inversiones a efectuar.

-No se concreta ni la cantidad ni la ubicación de las calicatas ni cuantos sondeos se van a realizar en el proyecto.

-No queda claro cómo se afectará a la vegetación existente en el entorno ni si se van a abrir nuevas pistas de acceso.
 
-No hay inventario ambiental suficiente, ni se recoge adecuadamente la afección a aguas subterráneas y a los acuíferos existentes en la zona.                

-No hay inform favorable del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado que descarte la afección a yacimientos arqueológicos catalogados e imponga medidas protectoras y correctoras en su caso.

-No hay plan de restauración presentando de acuerdo al Real Decreto 975/2009.

"Una vez más vemos cómo el Gobierno del Principado se alía con las mineras, renunciando a ejercer sus labores de control y seguimiento desde la imparcialidad que se le presupone a la administración", concluyen desde la Coordinadora Ecoloxista.

AM/Red
15.1.2013