La cámara de representantes de Uruguay votará la Ley de Megaminería a pesar del rechazo político y social
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| Manifiestación contra la megaminería en Uruguay y el proyecto a cielo abierto de Aratiti |
La Comisión Especial de Diputados para analizar el proyecto de ley decidió el 22 de agosto no conceder las audiencias solicitados por diversos representantes de organizaciones sociales y aceptó por mayoría la propuesta con las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores el pasado 13 de agosto, aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo.
El MOVUS advirtió que esta iniciativa no cuenta con los apoyos políticos y sociales requeridos para una decisión de esta importancia, que se propone un cambio de la matriz productiva del país y que no ha pasado por la consulta a la ciudadanía dado que ningún sector político propuso esta alternativa en los planes electorales del 2008.
Para el colectivo, "esta ley es ajena a la realidad de un país que posee tierras privilegiadas para la producción de alimentos". Las reservas minerales del Uruguay son pequeñas, y "la corta duración de la actividad extractiva posible no justifica la destrucción del ecosistema".
Por la excención del IVA, esta ley habilita beneficios por más de 700 millones de dólares, a lo que se agrega el no pago del impuesto al patrimonio ni de los aranceles de importación y exportación. Mantiene el impuesto a las ganancias (IRAE) y su adicional, pero no evita la subdeclaración y le permite a la empresa descontar las inversiones previas y el canon del adicional del IRAE.
Desde el MOVUS se califica de "engaño para confundir a la población" las declaraciones de quienes afirman que este proyecto de ley impondrá mayores exigencias tributarias a la minería de gran porte. "Una actividad que duraría a lo sumo 15 años, no es significativa en nuestra historia y menos cuando se destruye una zona productiva que ha dado y seguirá dando beneficios a sus habitantes y al país", afirman.
Finalmente, califican el proyecto de ley de "altamente inconveniente" para el Uruguay y que no puede ser aprobado "por el simple hecho de contar con una mayoría parlamentaria", porque los legisladores "son representantes y no dueños de la voluntad de los electores". Frente a ello, la ciudadanía "está movilizada y se seguirá movilizando para poner en práctica mecanismos de consulta y decisión verdaderamente democráticos".
AM/Red
25.8.2013
