La Plataforma Sí a la Tierra Viva presenta una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de garantías en la tramitación del proyecto de minería de tierras raras en Ciudad Real

Imagen del Campo de Montiel, comarca más afectada por los proyectos extractivos de tierras raras

El colectivo considera que la postura de las administraciones local y regional y la Confederación del Guadiana supone "un funcionamiento anormal de la Administración".

Así, según indican en un comunicado, los diez proyectos de investigación minera que afectan a más de 27.000 hectáreas de la provincia fueron declarados exentos de la obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en una tramitación "troceada inteligentemente por los promotores", que si se hubiera realizado de forma conjunta "no hubiera podido ser eximida" debido al número total de hectáreas afectadas por el proyecto.

Por otra parte, señalan, uno de los proyectos, que afecta a los municipios de Torrenueva y Torre de Juan Abad, pretende emplear una cantidad de agua de hasta 500.000 m³ por año en una zona caracterizada por la sequedad del clima, "donde el agua es uno de los bienes más preciados" en un medio económico con una industria agropecuaria ya asentada, además de dar cabida a especies en peligro de extición como el lince ibérico y el águila imperial.

La Plataforma ha tenido que presentar varias denuncias ante la falta de licencias urbanísticas y de actividad de la empresa, pues "sin la más mínima consideración" se estaban realizando tareas de cribado para la obtención del mineral radioactivo (monacita), en pleno casco urbano.

También se han presentado denuncias a la Confederación Hidrográfica del Guadiana por realizar catas en zonas de cauce público y por vertido ilegal al alcantarillado público de aguas residuales derivadas de la actividad "sin licencia ni autorización administrativa", sin haber obtenido por el momento respuesta alguna.

Por ello, ha solicitado a la Oficina del Defensor del Pueblo que se realice un informe del control de la legalidad de los proyectos mineros que afectan a la comarca, sus efectos sobre los espacios protegidos y las posibles afecciones al hábitat de especies en peligro de extensión.

También la suspensión cautelar de la tramitación hasta que se realice el citado informe, y que se realicen las gestiones oportunas para que en cumplimiento de la legislación vigente y en garantía de los derechos d ela población se tenga acceso a los expedientes medioambientales que permitan defender el interés público ante un modelo extractivo que puede condicionar el actual modelo de desarrollo económico, social y ambiental en la comarca afectada.

AM/Red
17.5.2016