La Xunta de Galicia se escuda en la ley aprobada por un conselleiro del BNG para permitir los nuevos proyectos de exploración aurífera
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| El Parlamento gallego trató esta semana el conflicto generado por el permiso "Isabela II" |
En efecto, en el año 2008, durante el Gobierno del bipartito, Galicia aprobó la primera ley de minas autonómica como actualización de la norma estatal de 1973. Fernando Blanco, que entonces estaba al frente de la Consellería, afirmó entonces que la ley 3/2008, de ordenación de la minería de Galicia, se trababa de una ley "importante" e "imprescindible" tanto a nivel medioambiental como técnico y apoyó la previsión de realizar un plan sectorial de minería con carácter supramunicipal.
No obstante, la ley se demostró como una norma poco garantista y a favor de la industrias extractivas y el PP utilizó en su beneficio el denominado "Plan sectorial de actividades extractivas", que cosechó numerosas críticas desde todos los frentes.
EL BNG CENTRÓ SU INTERVENCIÓN EN EL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN MINERA
Por su parte, en su intervención parlamentaria para preguntar sobre el proyecto de exploración "Isabela II", Francisco Jorquera, del BNG denunció que "Galicia no es una mina, y el progreso no puede venir de la mano de un modelo esquilmador de nuestros recursos" que es "pan para hoy y hambre para mañana" y "que destruye más puestos de trabajo que los que crea" pues "los beneficios emigran y los costes se externalizan".
Jorquera instó a la Xunta a la denegación del permiso, alegando que la minería del oro es especulativa y que su viabilidad depende de la cotización del metal precioso en los mercados internacionales y también del uso de métodos agresivos para reducir costes. Porque cuando caigan los precios del oro "la empresa marchará y en la zona quedarán suelos estériles, aguas contaminadas y un paisaje lunar".
"Su Consellería somete a información pública la solicitud de permiso de investigación mienra Isabela II pero los derechos mineros podrán denegarse por el incumplimiento de los requisitos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante y ninguna de las empresas del grupo avala disponer de capital, trayectoria o número de trabajadores para ejecutar un proyecto de esa envergadura, al igual que pasó en Corcoesto. Primero una pequeña empresa hace las prospecciones y luego una multinacional ejecuta el proyecto por eso, hoy desde el BNG le pedimos que recapacite y paralice el proyecto" -concluyó el diputado nacionalista-.
AM/Redacción
27.2.2015
