La Justicia imputa al responsable de aguas de la minera Cobre las Cruces por delito ambiental
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El Juzgado de Instrucción nº3 de Sevilla abre una investigación por la extracción legal de 2,5 millones de m³ de aguas subterráneas entre los años 2010 y 2013, período en el que la empresa "llegó a manipular incluso algunos contadores", tal como se ha informado desde la sección andaluza de Ecologistas en Acción.
El pasado 27 de noviembre la autoridad judicial tomó declaración el responsable de aguas de la minera Cobre Las Cruces, Juan Carlos Barquero Úbeda, dentro de las diligencias previas con referencia 2935/15l.
El caso comenzó en mayo de 2014, a raiz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla tras la denuncia efectuada por Ecologistas en Acción en septiembre de 2013. En dicha actuación, se detectó una extracción ilegal continuada de agua del acuífero Gerena-Posadas de 2.592.201 m³ por encima de lo autorizado desde noviembre de 2010 hasta noviembre de 2013, evaluando inicialmente los daños al acuífero en 298.636 euros, declarado como reserva estratégica para abastecimiento humano en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) aprovado en mayo de 2013, que restringe de manera importante la extracción de recursos hídricos del acuífero para que sirva de garantía de abastecimiento en épocas de sequía para el Aljarafe y parte del área metropolitana de la ciudad de Sevilla.
En julio 2014, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), ya había tomado declaración como imputados por estos hechos al propio Juan Carlos Barquero y a otros siete altos cargos de la empresa Cobre las Cruces, filial de la transnacional Imnet Mining Corporation, absorbida finalmente por First Quantum Minerals Ltd. Entonces declararon su consejero delegado desde junio de 2010, Damien Marantelli (también vicepresidente de la Fundación Cobre las Cruces), el director de la mina, Luis Alberto Vega Cano y los apoderados de Cobre las Cruces Stuart Anderson Tevendale, Ramón Naranjo Núñez, Juan Francisco Román Gallego, Carlos Frías Gómez y el también responsable Enrique Guerrero Serón.
Ecologistas en Acción considera que estos hechos "desmienten la falsa teoría de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central de que las explotaciones mineras en la franja pirítica de Huelva y Sevilla se van a realizar con las máximas garantías medioambientales. Ambas administraciones ponen a Cobre Las Cruces (CLC) como ejemplo de buena gestión medioambiental para justificar las reaperturas de Aznalcóllar y Rio Tinto, pero la realidad es que, una vez que consiguen los permisos ambientales y de explotación, las empresas mineras nunca cumplen con los requisitos medioambientales que ellas mismas fijan en sus proyectos, incluso en proyectos altamente rentables económicamente como el de Cobre las Cruces".
Por eso desde el colectivo exigen "el inmediato cese del responsable de aguas de Cobre Las Cruces y de los responsables de dejación de funciones de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que siguen permitiendo y avalando un proyecto altamente dañino para el medio ambiente".
AM/Redacción
13.1.2015
