La Coordinadora Ecoloxista alega contra las nuevas modificaciones del proyecto minero de Asturgold en Salave y advierte al Principado que cometerá "fraude de Ley" si lo autoriza

Imagen de los Lagos de Salave, en la localidad asturiana de Tapia de Casariego (Foto: AM)

El colectivo presenta objecciones en la tercera fase de información de una parte del expediente del estudio de impacto ambiental del proyecto minero en el concejo asturiano de Tapia de Casariego y considera que el procedimiento "está jurídicamente viciado al tratarse la tramitación fragmentada de un mismo proyecto que es un todo".

Para la Coordinadora, "es inaceptable que se someta por tercera vez a Estudio de Impacto Ambiental una parte del proyecto" en un expediente "en el que ya existe una Declaración de Impacto Ambiental parcilamente desfavorable" en un proyecto presentado por la empresa que "como otras veces" presenta "un cúmulo de deficiencias e irregularidades que imposibilitan tomarse en serio el trabajo presentado".

La CEA denuncia que en las modificaciones presentadas por la empresa "poco ha cambiado sobre las anteriores fases", con la salvedad de que en la nueva propuesta no se indica "a dónde van a ir los vertidos". 

Por otra parte, para la entidad, "es llamativo que en el expediente se hable de un estudio del Instituto Geológico-Minero" que no se aporta en el informe, por lo que sólo puede observarse "la interpretación interesada que hace el Principado del Estudio", en la que el Principado busca "convencer" de que "el agua que sale es más limpia que la que entra".

A juicio de la organización conservacionista, el proyecto de Asturgold "sigue teniendo graves deficiencias" y es "inasumible ambientalmente", lo que podría originar que el Gobierno de Asturias incurra en "fraude de Ley" si llega a aprobarlo, pues de acuerdo a la documentación de la minera "el proyecto no cumplirá en todas sus fases con la legislación en materia de aguas", "no hay vertido cero" ni se garantiza "la no contaminación de aguas subterráneas" ni "las filtraciones de lixiviados en la planta de tratamiento" ni su depuración.

Desde la CEA recuerdan, finalmente que, en la anterior fase de tramitación, "fueron los informes negativos de la la Confederación Hidrográfica del Cantábrico" los que impidieron la autorización ambiental del proyecto.

AM/Redacción
9.9.2014