El Movimiento M4 repudia el asesinato del ambientalista hondureño Rigoberto López

La organización mesoamericana denuncia un nuevo asesinato de un activista contra la megaminería

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero eleva su "más enérgica condena" ante el crimen ocurrido el pasado 3 de mayo en la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de El Níspero (Santa Bárbara, Honduras), exigiendo "una pronta investigación sobre este asesinato vil y cobarde".

Para el colectivo, "desde el momento en que el Congreso Nacional aprobó la fatídica Ley de Minería, advertimos y responsabilizamos al Gobierno de las agresiones y violaciones a la vida y a los derechos humanos que se derivan de la implementación de su política extractivista". "Hoy -afirman con rotundidad desde el Movimiento M4-, esas previsiones se convirtieron en una indignante realidad".

Según informan en un comunicado, "Rigoberto López se caracterizó por su firme decisión de luchar por la cancelación de una mina de óxido de hierro ubicada en la montaña Quita Ganas, ya que desde esa zona nacen fuentes de agua que abastecen a varias comunidades de El Níspero, incluída la comunidad de Santa Cruz". En reiteradas ocasiones, el activista "expresó que la minería es una amenaza ambiental, afecta a la calidad de vida de las personas provocando gran cantidad de enfermedades y deja una gran deuda ambiental a las futuras generaciones, y motivó a las poblaciones del municipio de El Níspero a oponerse a la continuación de la minera".

De acuerdo a los testimonios de algunos líderes comunales de la zona, Rigoberto fue degollado y su lengua cortada, características de terror que "representan un mensaje para acallar las voces de quienes valientemente defienden sus medios de vida ante el desgarro que provoca la actividad minera en muchos de los territorios de nuestro país".

Por todo ello, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (Movimiento M4), exhorta a la comunidad nacional e internacional "a condenar este vil asesinato y exigir al Estado de Honduras el respeto a los Derechos Humanos de los defensores del medio ambiente y los territorios y el cumplimiento de su obligación de brindar justicia".

Consideran, además, que es una obligación el "dar a conocer la verdad de la gravedad de los conflictos y violaciones" que está generando la actividad minera a un año de haberse aprobado en el Congreso Nacional la  Ley de Minería, "que ha traído más persecución, criminalización y muerte de líderes comunitarios, indígenas y defensores de derechos humanos".

Finalmente, exigen "que se cumpla con los convenios internacionales para brindar las medidas de reparación integral" a la familia del fallecido, demandando igualmente "las medidas de protección inmediata de los demás líderes de la Comunidad de El Níspero que públicamente se han opuesto a la continuidad de este proyecto minero".

AM/Red
13.5.2014