Un tribunal internacional de arbitraje rechaza la solicitud de prórroga de la minera norteamericana Commerce Group en el juicio contra el Estado salvadoreño
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| El Salvador le gana la partida a la transnacional Commerce Group |
En octubre de 2010, Commerce Group impulsó una demanda por 100 millones de dólares contra el Estado salvadoreño cuando se le revocó el permiso de explotación de la mina San Sebastián, ubicada en el departamento de La Unión, al oriente del país, donde la compañía minera mantuvo operaciones de forma intermitente durante varias décadas del siglo pasado. El permiso le fue negado por la contaminación del río San Sebastián y por otros impactos irreversibles en el ecosistema.
El río San Sebstián, ubicado al pie de la mina en el municipio de Santa Rosa de Lima, presenta actualmente altos niveles de contaminación por metales pesados derivados de la acción minera, lo que ha sido denunciado por especialistas y organizaciones internacionales y salvadoreñas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos, debido a sus afectaciones sobre la calidad del agua, la alimentación y la salud de las comunidades de la zona.
Para la Mesa Nacional, "a pesar del desastre provocado por Commerce Group, hasta ahora, ha sido la empresa la que se ha mantenido pretendiendo chantajear al Estado salvadoreño, echando mano de tribunales corporativos internacionales sin responder por la comprobada contaminación y sin respetar la negativa de las poblaciones que prefieren preservar los pocos bienes naturales que les quedan". Como en el caso de la demanda de 315 millones de dólares que la canadiense Pacific Rim exige a El Salvador, "se trata de extorsiones que demuestran los enormes privilegios que nuestros cobernantes han cedido a las multinacionales", valoran.
En el caso de Commerce Group, no consideran que el fallo sea una victoria del Estado savadoreño, pues "está basado en la falta de pago por parte de la empresa y no en el reconocimiento de los peligros contaminantes y destructivos de la industria minera", ante los que un estado puede negar los permisos en aras de su soberanía.
AM/Red
13.8.2013
