Nicaragua: La minería en tiempos de Ortega
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| El Presidente de Nicaragua, muy criticado por fomentar el desembarco de la minería transnacional en el país |
Los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan a la alianza del gobierno de Daniel Ortega con las trasnacionales, especialmente las mineras, que se apoderan de los territorios autónomos.
Para imponer la actividad de las empresas transnacionales en los territorios indígenas en Nicaragua, el gobierno se vale de la sustitución y corrupción de autoridades tradicionales y de la represión directa a los opositores. “El orteguismo puede ser el inicio de una nueva dictadura en Nicaragua”, señala Mónica Baltodano, dirigente del Movimiento por el Rescate del Sandinismo y excomandanta guerrillera.
Los pueblos indígenas y
afrodescendientes gozan de dos regiones autónomas (una en el norte y
otra en el sur), pero las leyes que los protegen son insuficientes. Hay
casos donde los Consejos Regionales permiten la explotación minera y
petrolera, a pesar de abierta oposición de comunidades, minando la
tierra y la economía de los más pobres.
El triángulo minero
El municipio Bonanza se encuentra a unas
10 horas de viaje -en su mayor parte por carreteras de terracería-
desde Managua. Es el último de los tres municipios que forman el llamado
“triángulo minero”: Siuna, Rosita y Bonanza. La fiebre por el oro tiene
ya casi un siglo de dar rumbo a la vida económica y social de las
comunidades en esta zona de Nicaragua. Las últimas décadas, cuando la
minería dejó de ser “artesanal”, se produjo gran contaminación de sus
ríos y cerros. El mercurio que usan los mineros artesanales contamina
las aguas, y la actual minería industrial y su contaminación con cianuro
y metales pesados aumentan el peligro para la vida y el medio ambiente.
En Siuna sólo quedan las grandes presas
de cola, todavía llenas de residuos de las minas industriales. Lo mismo
ocurre en Rosita. Estas dos pequeñas ciudades ya tuvieron su “auge”
económico; vieron la inmigración de miles de personas de la costa
pacífica buscando prosperidad como trabajadores de las minas, vieron sus
ríos contaminados y la muerte de sus peces. Los mayagnas, el pueblo
indígena de la zona, se desplazó cada vez más hacía la selva. Ahora sólo
permanece la pobreza en Siuna y Rosita. Algunos mineros artesanales
siguen buscando el oro que la empresa minera no se llevó. Las decenas de
cantinas y hospedajes, con paredes cubiertas de polvo, adornan las
calles principales de ambos municipios como testigos de la época ya
pasada.
La minería artesanal tiene larga
tradición en Nicaragua, pero las empresas transnacionales que hoy
reciben las concesiones se llevan todo. El incremento en el precio del
oro en el mercado internacional aumentó el interés en la explotación. En
Bonanza opera la minera Hemco -de origen canadiense, pero que
recientemente fue comprada por la empresa colombiana Mineros A.S.-, con
grandes concesiones de exploración y de explotación a cielo abierto.
Estatutos de autonomía insuficientes
La situación en Bonanza ejemplifica los
problemas y contradicciones que enfrentan los pueblos indígenas y
afrodescendientes en Nicaragua hoy en día. El municipio es parte de la
Región Autónoma Atlántica del Norte (RAAN). La RAAN y la RAAS (Región
Autónoma Atlántica del Sur) tienen una superficie territorial de casi 60
mil kilómetros cuadrados, lo que implica más del 45 por ciento del
territorio nacional. Ambas regiones autónomas se crearon por ley en
1987, como parte del proceso de reconciliación entre el Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y los pueblos originarios y
afrodescendientes, quienes en la lucha para defender su autonomía
llegaron a formar parte de distintos grupos opositores a los
sandinistas, como Misura, Misurasata o Arde, conocidas como “La
Contra”. Los líderes de La Contra fueron manipulados por los intereses
geopolíticos y militares de los Estados Unidos en la región, y con
entrenamiento y armamento norteamericano, cometieron grandes atrocidades
contra la población civil en los años ochenta. Pero también el FSLN
cometió atrocidades. Los desalojos forzosos de pueblos miskitos todavía
forman parte de la memoria colectiva de las comunidades. Muchos niños
perdieron su idioma a causa del desplazamiento.
Gobiernos territoriales
Bonanza está ubicado en la entrada a la
reserva natural Bosawas, la segunda más importante en América Latina
después del Amazonas. La profunda selva de Bosawasy es donde los pueblos
mayagnas hoy luchan para defender a la madre tierra y la continuación
de su propia vida como pueblos. En teoría su situación debe estar
resuelta. Dentro de RAAN y RAAS, como fruto de la larga lucha de los
pueblos indígenas, se inició en el 2003 un proceso de demarcación de
tierras con base en la ley 445. Se crearon los Gobiernos Territoriales
Indígenas (GTI) para controlar los territorios demarcados y los recursos
naturales. Ya se crearon 17 “territorios”, y faltan sólo cinco más para
concluir el proceso.
El primer territorio declarado, el de
Mayagna Sauni As, inicia justo en Bonanza. Son los Consejos Regionales y
los Gobiernos Territoriales Indígenas los responsables de autorizar o
negar las entradas de megaproyectos en los territorios indigenas
autónomos. De posibles impuestos generados por extracción de minerales o
recursos dentro de sus límites, 25 por ciento se debe trasladar al
Gobierno Territorial, y 25 por ciento al Gobierno Regional. Según las
leyes estipuladas, esto garantiza que las comunidades puedan controlar
la entrada de megaproyectos extractivos a sus bosques y gozar de
recursos económicos derivados de los recursos naturales de sus
territorios.
En la actualidad, sin embargo, la
autonomía indígena está viciada por los intereses económicos y políticos
del poder. Mónica Baltodano, excombatiente del FSLN y ahora integrante
del partido Movimiento por el Rescate del Sandinismo, explica que “el
estatuto de autonomía fue insuficiente. No permitió que las comunidades
tengan un control real de sus recursos naturales. Por eso después de dos
periodos de gobierno sandinista, las grandes empresas toman posesión de
los recursos. El estatuto es bandera que no tiene una aplicación y
cumplimiento real en la práctica”.
La ley 445 es criticada por dividir a
las comunidades indígenas en territorios que antes no existían y por
permitir que nuevas autoridades, más fácilmente controladas por el
poder, sustituyan a las formas de autoridad más antiguas de las mismas
comunidades. En algunos casos, las demarcaciones se efectuan con alta
velocidad, dejando fuera de los territorios demarcados zonas en donde
posteriormente entran los megaproyectos, como fue el casi de la
hidroeléctrica Tumarin, en la RAAS: queda fuera del territorio demarcado
como indígena, y los pueblos pierden herramientas legales para exigir
el cese del proyecto, aunque seque los ríos que abastecen de agua y
peces a muchas comunidades.
El síndico comunitario de la comunidad
mayagna Musawas, ubicada a unas tres horas de caminata dentro de la
reserva Bosawas, explica: “Con los GTI tratan de sustituir el sistema de
autoridad comunitaria. Quieren que la gente escuche sólo a los del GTI,
pero ellos no son del pueblo. Nos dividen para arrodillarnos”. En RAAS y
el RAAN, los GTI suelen ser organismos politizados, al igual que los
Consejos Regionales. Hay ejemplos donde la autoridad es usurpada por
candidatos promovidos por el FSLN, en abierta oposición a los líderes de
las comunidades. Asesinatos impunes de comunitarios o muertes por
causas dudosas, que apenas se difunden en la prensa nacional, indican la
gravedad de estos conflictos. Hay casos donde los Consejos Regionales
permiten la explotación minera y petrolera, a pesar de abierta oposición
de comunidades. Muchos han puesto los ojos en la región y quieren una
mordida de las riquezas que guardan las verdes montañas en la RAAN. Hay
minerales, oro, petróleo y grandes recursos hidricos.
En Bonanza, la resistencia contra la
mina Hemco está debilitada. Donde la minería tiene larga tradición, la
lucha se vuelve difícil y solitaria. Pocas son las organizaciones que se
acercan a solidarizarse con los pueblos mayagnas a esta zona de difícil
acceso. Pero la situación es alarmante: el presidente del gobierno
comunal de Sacalwas, aledaña a Bonanza, cuenta que hace dos años
tuvieron que dejar de bañarse en los ríos y comer sus pescados. Se
enfermaban demasiado.
Musawas y Sacalwas son dos de las 18
comunidades que forman parte del Territorio Mayagna Sauni As. A la par
de la contaminación de la minera Hemco, las comunidades se ven
amenazadas por la entrada de “colonos” a la zona de amortiguamiento de
la reserva Bosawas. Los colonos, que son mestizos que vienen del
Pacífico a buscar fortuna en la selva, “no son pobres con necesidad como
nosotros. Vienen con mucho ganado y tumban los árboles. Usan dinamita y
asustan a los animales silvestres. Son los ex-alcaldes del FSLN quienes
los protegen y les facilitan el traslado a nuestro territorio”, explica
el síndico de Musawas. Aunque la ley de demarcación demanda que el
gobierno central ofrezca alternativas a los colonos para reubicarlos,
las comunidades están solas ante la situación. En el territorio Mayagna
Sauni As varias personas han perdido la vida en esta lucha. En marzo de
2013, un comunitario fue ultimado a balazos por los colonos mientras
realizaba un patrullaje en el bosque. La impunidad impera: “El FSLN
recibe votos de los colonos, por eso no mueven ni un dedo”, explica el
síndico.
Represión en Santo Domingo Chontales
También fuera de las regiones autónomas,
las comunidades enfrentan la política neoliberal del orteguismo.
Empresas mineras tienen concesionado más de 11 por ciento del territorio
nacional. En su mayor parte son mineras canadienses, como la B2Gold,
las que van a explotar. A diferencia de los países vecinos, la minería
tiene larga historia en Nicaragua; en muchas comunidades, la minería
artesanal se ha realizado durante tres generaciones o más. Ahora, las
concesiones que tienen las empresas transnacionales amenazan la
actividad económica y la salud de estas comunidades.
Santo Domingo, Chontales tiene alrededor
de 18 mil habitantes. La mayor parte de la población económicamente
activa se dedica a la micro-minería artesanal, pero ahora la B2Gold
recibió concesiones de explotación de oro a cielo abierto de grandes
extensiones de territorio, y la ley le obliga ceder sólo uno por ciento
del terreno a los mineros nativos. Con la explotación, todas las
familias son despojadas de su sustento económico, además de las graves
afectaciones que causará al medio ambiente. La minera tiene también
autorización para cortar cerca de 40 mil árboles para preparar el
terreno.
“La minería artesanal es lo único que
sabemos hacer”, relata Álvaro Cabrera, líder del Grupo Cafetal, que se
mantiene en oposición a la megaminería. “Además, aquí nacen los ríos que
abastecen a las comunidades de la RAAS de agua. El cianuro contaminará a
muchas comunidades”. Junto con otros grupos, El Cafetal se levantó en
resistencia pacífica desde septiembre de 2012. Las familias pusieron una
barricada en la entrada del municipio para denunciar las violaciones a
sus derechos e impedir el saqueo. Los comunitarios sólo negaron el paso a
los mineros de la B2Gold; otras personas pudieron cruzar libremente.
El gobierno orteguista llegó a negociar.
Cooptó líderes para que dejaran de protestar, cuentan varios
integrantes del grupo Cafetal. Tres grupos abandonaron la resistencia,
mientras El Cafetal, Salvemos Santo Domingo y un grupo más continuaron
en una paciente resistencia pacífica que duró 105 días. Pero el 9 de
febrero de 2013 entraron cerca de mil efectivos antimotines con orden
gubernamental. Con brutal violencia, hiriendo a más de cien personas con
golpes, gases y balas, desalojaron la barricada. También se llevaron
detenidos a 50 mineros, mientras otros tuvieron que huir a las montañas.
Quedaron 14 presos detenidos en Juigalpa, mientras otros doce fueron
trasladados a la cárcel conocida como “El Chipote” en Managua, lugar
donde el dictador Somoza llevaba a los presos políticos para ser
torturados y asesinados. Hoy, las mismas celdas se utilizan para presos
de alta peligrosidad.
La tendencia represiva que se ve en los
países vecinos con gobiernos de extrema derecha, como es el caso del
gobierno militar de Otto Pérez Molina en Guatemala, el gobierno golpista
hondureño o el mismo Enrique Peña Nieto en México, se reproduce en
Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional -o el orteguismo-
criminaliza a las comunidades que defienden su territorio.
La dictadura del orteguismo
“Se ve como si Daniel Ortega fuera parte
de un movimiento transformador, ya que anda coqueteando con Chávez, con
Ecuador, o con Bolivia, pero nunca ha sido tan fuerte el capitalismo en
Nicaragua. El FSLN de hoy gobierna en alianza con el gran capital
transnacional. Aquí no hay en lo absoluto un proyecto socialista”,
explica Mónica Baltodano.
El Movimiento por el Rescate del
Sandinismo (MRS) y otros colectivos y movimientos sociales tuvieron como
consigna en la marcha del pasado primero de mayo: “Sí a la democracia,
no a la dictadura”. Baltodano explica que “las dictaduras sangrientas
que conocimos en los setentas, como la de Somoza, no comenzaron siendo
sangrientas. Fue en un proceso de defensa del poder que se volvieron
así. Por eso nosotros advertimos que el orteguismo puede ser el inicio
de una nueva dictadura en Nicaragua. Hay control total de la Corte
Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, de la Asamblea, de todas
las municipalidades, de la policía, del ejército, de las organizaciones
populares. Todas las organizaciones construidas por la revolución están
totalmente dominadas”. La militante del MRS señala que “por eso no hay
lucha por el salario, contra las represas, o contra las transnacionales.
Aquí todas las políticas fondo-monetaristas neoliberales se implementan
sin ninguna resistencia popular, porque las organizaciones están
compradas por el orteguismo. ¿Eso no es dictadura? Y para los que
disentimos hay una virtual persecución y aplicación de políticas de
carácter estalinista, con chantaje y presiones. No hay muchos presos
todavía, pero nosotros decimos que si todavía no hay tanta represión
abierta como en los países vecinos, es porque todavía no hay mucha
lucha. En la medida que haya lucha, sí vendrá la represión”.
AM/Desinformémonos/Susana Norman
14.6.2013
