Más de 10.000 personas protestan en la segunda ciudad de Grecia contra las operaciones de la canadiense Eldorado Gold
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| Masiva manifestación popular de rechazo a la minería del oro en Tesalónica, la segunda ciudad griega |
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| Miles de personas tomaron las calles contra Eldorado Gold (AG) |
Bajo el lema de "el oro nos está matando", la multitud expresó su rechazo a los planes de la transnacional canadiense Eldorado Gold en la Península de Calcídica, que pese al apoyo de las autoridades locales, está viendo como la voluntad popular se vuelve masivamente contra el proyecto.
La ciudadanía cree que el proyecto minero podría contaminar las reservas locales de agua, y afectar a aire y suelos, contaminando el medio ambiente con metales pesados tóxicos como el plomo, el cadmio, el arsénico y el mercurio.
Las protestas se incrementaron en 2012, cuando la filial de Eldorado, Hellas Gold, recibió el permiso gubernamental para iniciar las operaciones del proyecto Skouries. La empresa defiende el proyecto alega que tiene en regla todos los permisos ambientales, pero los grupos sociales que luchan contra la mina han recurrido ante el Consejo de Estado Griego el Estudio de Impacto Ambiental.
Según informaba el Diario El País el pasado 27 de enero, el contrato con el que el Estado griego vendió los derechos de explotación de la zona minera de Skouries, renunciando al canon por la concesión, fue investigado en 2008 por la Comisión Europea, que tres años después dictó que se trataba de ayuda de Estado que incumplía la normativa europea de competencia. La sociedad compradora, Hellas Gold, fundada tres días antes, estaba controlada por el grupo Aktor (que actualmente mantiene el 5% de las acciones), coloso de la construcción, adjudicatario de la mayoría de los proyectos para los Juegos Olímpicos de 2004 y perteneciente a la familia Bobolas, una de las más influyentes en la economía helena, propietaria, entre otras cosas, de la principal cadena privada de televisión, Mega Tv.
Para la Comisión Europea, aquel contrato, cerrado sin licitación pública, malvendía la mina y por eso ordenó a la empresa el pago de 15 millones de euros en compensaciones al Estado que, de todas formas, había avalado la compraventa. Negoció el contrato el entonces viceministro de Economía, Christos Pachtas, que poco después dimitió tras conocerse que había facilitado el cambio de una ley para la construcción de un gran complejo turístico en la región. Pachtas, que ha sido elegido presidente de la municipalidad en la que recae la zona minera, es uno de los grandes sostenedores del proyecto.
AM/Red
10.3.2013
