La minería del litio supone altos costos ambientales y sociales para los países productores en Latinoamérica
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| Bárbara Göbel, Directora del Instituto Iberoamericano de Berlín |
Estas fueron las conclusiones derivadas de la presentación que Bárbara Göbel, Directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, hizo durante el I Seminario Internacional “Extractivismo y minería en América Latina”, realizado por la Universidad Nacional de Colombia este noviembre.
Argentina, Chile y Bolivia conforman el “Triángulo de litio”, una de las regiones que cuenta con más del 80% de las reservas mundiales de este elemento. “La mayor parte del litio explotable en salmueras (desiertos de sal), se encuentra en el llamado «Triángulo de litio», más específicamente en el Salar de Uyuni en Bolivia, el Salar de Atacama en Chile y los pequeños salares de las tierras altas del noreste argentino”, relató Göbel. Pese a los daños ambientales y a las desigualdades entre productores y beneficiarios, los tres países han declarado al litio como recurso estratégico, a pesar de que tienen contextos políticos y marcos legales muy diferentes con respecto a la explotación y exploración de litio.
La transición de China, Estados Unidos, Europa y Japón hacia la movilidad eléctrica (vehículos, bicicletas) y hacia un mayor porcentaje de energía renovable (solar y eólica) requiere de un almacenamiento eficiente de energía. “Por sus características, el litio es un elemento clave para el desarrollo de una bateria eficiente y liviana. Se ha convertido en la metáfora de un progreso ‘limpio’ y sustentable”. “El litio no está en muchos de estos países, pero lo compran de otras regiones donde su explotación produce, a nivel local, daños ambientales, sociales y económicos”, aseguró la experta.
La población indígena que cohabita los ecosistemas en los que se extrae el litio, se ven perjudicados porque se encuentran en una situación de desigualdad, que se debe a que “dependen en gran medida del aprovechamiento del ambiente, el pastoreo, la explotación de la sal y el turismo”, y no pueden negociar “sus intereses, la participación de las ganancias o una recompensa por los costos ambientales”.
AM/Red
20.11.2012
