AGE lleva al Parlamento de Galicia sus dudas sobre la nueva búsqueda de oro en las comarcas coruñesas de Soneira y Bergantiños

Mapa aéreo de la concesión minera "Isabela II"
La formación política pregunta por la solicitud de investigación sobre 156 cuadrículas mineras (4.368 hectáreas) del permiso "Isabela II" de Grupo M-FM 2001, S.L. en las localidades de Zas, Santa Comba, Vimianzo y Coristanco resuelta de manera favorable por la Consellería de Economía e Industria del Gobierno gallego.
 
La petición de Alternativa Galega de Esquerda alude también a otro permiso solicitado por la compañía y aún pendiente de resolución, "Livia" -información que la Plataforma Salvemos Cabana dió a conocer en fechas recientes-, que supondría una superficie a mayores de 4.536 hectáreas en los municipios de Zas, Santa Comba y Mazaricos completando una superficie total que supera las 8.900 hectáreas.

EL ADMINISTRADOR DE LA MINERA, CONDENADO POR DELITO AMBIENTAL EN OTRA DE SUS EMPRESAS

Por otra parte, señalan desde AGE, "la firma Grupo M-FM 2001 tiene como administrador único a Antonio Miranda Rojas, vinculado a constructoras, inmobiliarias y empresas extractivas y que ha sido dueño de Tico S.A., firma acusada por la Fiscalía por daños ambientales en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Madrid".

El caso citado por AGE en su petición se basa en que la compañía Tico S.A. extrajo áridos de manera ilegal en el municipio madrileño de San Martín de la Vega sin contar con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA). De hecho, según señala el expediente judicial, el Jefe de Servicio de Evaluación ambiental, con fecha 18 de abril de 2006, declaró "que el terreno está localizado dentro del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama", en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que además es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), consideradas áreas especiales según la Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Comunidad de Madrid, dejando constancia el funcionario "de que no existe en los archivos de este servicio declaración de impacto ambiental favorable que ampare tal extracción de áridos".

El informe pericial de las zonas afectadas, fijó una extensión de 7.000 y 22.000 metros cuadrados respectivamente, lo que derivó en una resolución de indemnización sancionadora de 829.460 euros, y una multa de 240.000 cuyo recurso por parte de la minera fue desestimado en sentencia firme el 24 de julio de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

LA MEGAMINERÍA DEL ORO, MOTIVO DE RECHAZO POLÍTICO EN TERRITORIO GALLEGO

Durante esta legislatura, la oposición a la megaminería del oro y sus efectos ha sido unánime en todos los grupos de la cámara a excepción del PP. Estos últimos años, tanto AGE como PSdG y BNG han mostrado su rechazo al proyecto de la mina de oro de Corcoesto por los impactos ambientales y sociales que este hubiera podido acarrear, en una iniciativa que también comenzó con una etapa de exploración pero que en la fase de explotación que le siguió preveía la utilización anual de inmensas cantidades de reactivos, empleando 546.000 kg. de cianuro de sodio, 798.000 de sosa caústica o 357.000 de ácido clorhídrico generando un ingente volumen de residuos tóxicos, de 100.000 toneladas por ejercicio durante el desarrollo de las labores mineras, calculado en 8,1 años.


AM/Redacción
4.2.2016

  ALERTAMINERA.net

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