PODEMOS exige la paralización inmediata del proyecto minero de Asturgold en Salave

La formación liderada por Pablo Iglesias ha mostrado su rechazo público a la minería del oro en Asturias

La agrupación política denuncia que "a las muchas irregularidades que han sido señaladas por la propia Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) en su último informe, se suman incumplimientos a nivel técnico que podría suponer que el Principado de Asturias estuviese vulnerando la legislación de evaluación ambiental y la normativa minera vigente. Esta contradicción se sumaría a que, debido a la apertura de un expediente de caducidad por parte de la Consejería de Economía y Empleo, podría darse el visto bueno a un proyecto que carece de las concesiones pertinentes".

PODEMOS exige que se tengan en cuenta las leyes y el clamor popular contra un proyecto que sólo traería beneficios para una empresa y perjuicios para los vecinos de Tapia de Casariego y de toda Asturias. "Es preciso detener el desastre medioambiental que se cierne sobre una zona que vive de la agricultura, el turismo y la pesca y que tiene como estandarte propio el cuidado y la preservación de la naturaleza y la vida", insisten desde el colectivo.

PODEMOS denuncia que al expolio medioambiental se suma la improvisación, la falta de definición de proyecto y el continuo cambio con el fin de salvaguardar un único objetivo: el beneficio económico para la empresa canadiense AsturGold. Primero preveían que fuese una explotación a cielo abierto y ahora aparece prevista como mina interior. Antes contaba con un laboratorio y una balsa de residuos, ahora, frente a diferentes resoluciones  en su contra, han renunciado a ello reduciendo el proyecto.

Para el grupo, tampoco las promesas de prosperidad y empleo hechas por la empresa se sostienen en el tiempo. Según los números planteados por AsturGold la mina generaría 107 empleos, el laboratorio 114 y la administración 31, que durarían los 9 años de explotación de la mina. A esto se le sumarían los puestos generados por la construcción y montaje que se sostendrían por poco más de un año. Con las desautorizaciones sufridas, los 114 empleos de la planta de tratamiento del mineral deberán descontarse y reducirse los destinados al montaje y construcción. Finalmente, entre el 60 y el 70 por ciento de los puestos corresponderían a técnicos de alta cualificación y serían ocupados en su mayoría por personal ajeno a la comarca y su zona de influencia. En 9 años de explotación de la mina, se hipotecará el futuro socioeconómico y medioambiental de una de las costas más conservadas y ricas de España.

Los únicos números contrastados son los que delatan que esta zona dispone de una renta per cápita superior en un 10% a la del municipio de Belmonte de Miranda, donde desde hace más de 15 años se viene explotando una mina de oro semejante a la que quieren imponer en Salave. La mina de oro destruiría las condiciones de vida de la comarca y hundiría su economía en el corto, medio y largo plazo. El proyecto de AsturGold afectaría negativamente a la Fundación Edes para la educación especial y a su huerto ecológico Finca El Cabillón, que involucra a más de treinta familias, así como a decenas de agricultores, productores de miel, fabas, manzanas, kiwis y arándanos. A la lista de damnificados se le agregan los  mariscadores y perceberos de las cofradías de Tapia y alrededores, decenas de ganaderos de la zona y los más de cien establecimientos de turismo rural.

Considerando todos estos factores, valora PODEMOS, "¿qué beneficios quedarán en la comarca? Nadie garantiza la reparación del daño que se pueda causar en los acuíferos y otros recursos naturales; se llevarán el oro y sólo quedarán los residuos de la explotación y los daños causados a la forma de vida tradicional. ¿Por qué están interesados los políticos en la concesión y explotación de unos derechos mineros que causarán más daño que beneficio a la comarca?¿Defienden los intereses de sus convecinos o sus propios intereses económicos?".

Desde PODEMOS llaman a la ciudadanía a sumarse "para que el Gobierno del Principado dé marcha atrás en este plan de expolio".

AM/Redacción
9.11.2014