El ecologismo y la sociedad civil de Costa Rica celebran una victoria histórica al expulsar del país a la minera canadiense Infinito Gold

La presión popular y la acción judicial han conseguido una victoria total frente a la megaminería en Costa Rica

El Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió por unanimidad el 19 de junio negar el último recurso interpuesto por la empresa canadiense Infinito Gold para revertir la anulación judicial de una concesión para explotar oro en el norte del país.

Según señalaron las autoridades judiciales en un comunicado, “la Sala Constitucional resolvió por unanimidad negar de plano la acción, debido a que no cumplía un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta”.

El fallo es la culminación de varios años de luchas judiciales entre la empresa minera y el movimiento ecologista de Costa Rica, que desde el principio se opuso rotundamente al proyecto minero "Crucitas", debido a que podría ocasionar graves daños ambientales y la destrucción de un bosque nuboso de gran valor ecológico.

La explotación, que se hallaba parada por decisión administrativa administrativa, fue autorizada en 2008 mediante la declaración de “interés nacional” emitida por el expresidente Oscar Arias (2006-2010) y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles.

Tras una larga lucha en las calles y en los tribunales, el movimiento ecologista obtuvo un triunfo sin precedentes, al lograr que el Tribunal Contencioso Administrativo anulara el decreto presidencial y la concesión a Infinito Gold en noviembre de 2011.

En reacción, la empresa presentó un recurso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que en diciembre de 2010 confirmó en todos los extremos la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo.

Pocos días después, en un último esfuerzo legal, la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de ese tribunal y de la misma Sala I, el cual ha sido resuelto ahora en lo que parece ser el cierre definitivo del caso.

Por este caso están siendo investigados por la Fiscalía General el expresidente Arias, el exministro Dobles y varios funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental (Setena), un organismo estatal especializado, sospechosos de prevaricar en favor de la empresa minera.

Debido a la presión popular, el Gobierno de Laura Chinchilla emitió además en 2010 un decreto que prohíbe todo tipo de minería a cielo abierto en el país.

Infinito Gold ha amenazado con plantear una demanda contra el Estado costarricense por más de mil millones de dólares por la anulación de la concesión del proyecto. La minera pretende elevar el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo autónomo del Banco Mundial, aunque tras los numerosos reveses judiciales, el caso tiene pocas probabilidades de salir adelante.

AM/Red
24.6.2013