Recursos naturales y derechos humanos (un artículo de Miquel Carrillo, responsable de incidencia política en Àgora Nord-Sud, Barcelona)
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Visita de los campesinos a las operaciones de minera Yanacocha en la región peruana de Cajamarca |
¿Se habían dado cuenta de que últimamente volvemos
la vista con urgencia en España hacia la explotación de recursos
naturales? ¿De que el fracking, el petróleo en las Canarias o el oro en
Galicia van a ver la luz, le pese a quien le pese y pase lo que pase,
por el bien de la nación? Esperemos que nuestro estado de derecho
aguante esta nueva embestida de los más casposos intereses económicos, y
que no llegue a pasar como en Perú.
Las amenazas,
agresiones e intimidaciones a cuenta del conflicto minero continúan en
Cajamarca. El pasado 15 de diciembre unos desconocidos irrumpieron por
segunda vez en tres semanas en el domicilio de la abogada Mirtha
Vásquez, vicedirectora ejecutiva del Grupo de Formación e Intervención
para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES). En la anterior oportunidad
entraron en su casa y no robaron ninguno de sus bienes, dejaron las
puertas completamente abiertas. Esta vez rompieron los vidrios de la
ventana e irrumpieron sin que tampoco se llevaran ningún objeto de
valor. También rompieron los espejos de la camioneta de Sergio Sánchez,
otro miembro de la organización ambientalista peruana, delante de sus
oficinas, sin que los robaran como suele ser el propósito de
delincuentes comunes y, hace unas cinco semanas, otros desconocidos
violaron el domicilio de Ivett Sanchez, secretaria de GRUFIDES, sin que
se produjera robo alguno de bienes.
Que en todos los
casos supieran de la ausencia de esas personas confirma el espionaje al
que se sigue sometiendo a GRUFIDES, denunciado el pasado mes de julio
por la revista peruana Caretas, por al menos dos servicios de
inteligencia del Estado. Si no lo creen, pueden verlo en Operación Diablo, un documental de Stephanie Boyd ganador en 2008 en Berlín de The International Human Rights Film Award, la cosa viene de lejos.
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Marco Arana (GRUFIDES) fue detenido irregularmente el pasado 5 de julio |
Y no es sólo GRUFIDES: dos docenas de policías golpearon a la abogada
Amparo Abanto, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y a la
comisionada Genoveva Gómez, abogada de la Defensoría del Pueblo, cuando
estas intercedieron en junio por otros detenidos en protestas contra el
proyecto Conga.
A raíz del espionaje y las amenazas de que fueron objeto los miembros de GRUFIDES en el marco de la Operación Diablo,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares
en favor de estos, que evidentemente el gobierno del ex-comandante
Humala no está cumpliendo. Al contrario, en los últimos meses se han
aprobado una serie de decretos y normas que profundizan la militarización y la opacidad del Estado peruano:
a partir de ahora la policía puede levantar un cadáver sin esperar al
juez, se establece la obligatoriedad de que los civiles colaboren con el
servicio de inteligencia o se califica de secretos (y se sanciona como un delito su divulgación periodística) los asuntos de Seguridad y Defensa Nacional.
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Comprobando los efectos de la explotación minera en Perú |
Cuando en España y en Europa nos encontramos en plena recesión, el Perú
sigue creciendo a un ritmo superior al 6% del PIB, gracias al tirón de
las industria minera, la columna vertebral de su economía según el
Financial Times. Algo que representa el 60% de las exportaciones de un
país, requiere ser protegido a toda costa, incluso declarando el estado
de emergencia en varias provincias cuando las protestas de la población
afectada así lo exigen, condenando a 45 años de prisión a quien corte
una vía que afecte a la producción minera, o disparando contra
manifestantes y peatones. Este año, los conflictos mineros en Cusco,
Bambamarca y Cajamarca, han dejado al menos ocho personas muertas y
decenas de heridos de diversa consideración.
Desgraciadamente el Perú es sólo un ejemplo, el más extremo, de una
apuesta renovada por las políticas económicas extractivistas en la
región, a las cuales estorba y enerva cualquier disensión o el Estado de
Derecho mismo. Supuestamente, se van a construir estados del bienestar
gracias al flujo de petróleo, cobre y oro de la cordillera andina y la
cuenca amazónica, sin saber qué pasará cuando este maná se agote
y las economías preextractivistas (agricultura, ganadería, turismo,
etc.) hayan desaparecido, como la historia nos enseña en muchos otros
casos.
De esta involución democrática no van a oír
nada, olvídense. Las cifras macroeconómicas peruanas continuarán
dándonos envidia y los expertos de turnos se afanarán a explicarnos las
claves del milagro económico de moda. Otros como GRUFIDES seguirán
exigiendo una estupidez tal como un estudio de impacto ambiental serio
para una mina que afecta en cabecera a tres cuencas hidrográficas,
demandando otra forma de desarrollo y exponiendo su vida si hace falta.
Página web de Àgora Nord-Sud (ONG Catalanes de Solidaritat Internacional)
Página web de Àgora Nord-Sud (ONG Catalanes de Solidaritat Internacional)
AM/Miquel Carrillo/Ágora Nord-Sud (Barcelona)
Fotos: GRUFIDES
26.1.2013